La promoción de Viviendas Públicas Protegidas (VPP), las antiguas VPO, continúa paralizada en la provincia de Castellón a tenor de los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Agenda Urbana. Desvelan que tan solo se han construido cuatro en el año 2022, orientadas hacia el alquiler y de la mano de la Administración en un contexto de demanda creciente y de serias dificultades para el acceso a la primera residencia.

Se trata de una situación enquistada que dura ya una década, durante la que la edificación de VPP ha sido en la provincia prácticamente testimonial, incluidos ejercicios como los de 2015, 2016 y 2018 en el que el balance global fue directamente de cero.

Como publicó este diario hace ahora casi un año, Castellón necesitaba ya entonces el doble de viviendas de protección para atender las peticiones de las personas más vulnerables que solicitan el acceso a algunos de estos hogares.

Había 412 familias inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda a la espera de acceder a un domicilio protegido en la provincia y desde entonces solo se han construido las cuatro mencionadas. Volviendo la mirada atrás, se evidencia que la espera es la norma, al menos hasta el momento.

Desde el año 2014, las instituciones estatales y autonómicas han ejecutado 210 viviendas protegidas en Castellón, teniendo en cuenta que los años con mayor actividad fueron el 2020 y 2021, con 59 calificaciones cada uno, tal y como refleja la estadística del Ministerio de Agenda Urbana.

CAMBIOS A LA VISTA

Sin embargo, la situación puede cambiar a partir, tal vez, de hoy. Eso será así si el Consell aprueba en su reunión de este viernes el reglamento que modificará las reglas del juego para edificar VPP en Castellón, Valencia y Alicante. Es lo que espera la patronal de la construcción, que se dé el visto bueno a la norma, en esta cita del Ejecutivo valenciano o bien en la de la semana próxima, el viernes 21.

David Ruiz, coordinador de la junta gestora de la Asociación Provincial de Empresas de la Construción de Castellón (APECC), explica que hasta ahora mismo es «inviable» que un promotor privado aborde la edificación de viviendas protegidas, sobre todo por una «cuestión de costes».

La normativa aún vigente establece un precio máximo de venta de 1.697 euros por metro cuadrado útil. Según Ruiz, dada la evolución de los precios de los materiales, equipos y plantillas, «es inasumible», lo que explica la parálisis de este tipo de proyectos en el ámbito de lo privado. Sin embargo, el reglamento, que ha sido consensuado en sus líneas generales y que se validará vía decreto del Gobierno autonómico, eleva ese tope hasta los 2.200 euros, una cifra con la que los constructores esperan que «se desbloqueen muchos metros de suelo reservado para VPP que ahora están completamente parados».

Sirva como ejemplo en este sentido el panorama en la ciudad de Castelló. El Plan de Ordenación Pormenorizada (POP) del Ayuntamiento de Castelló aprobado en noviembre del 2022, culminando así la aprobación del nuevo Plan General de Castelló en su conjunto, reserva entre un 30 y un 50% del suelo en los nuevos sectores previstos para un mínimo de 3.800 viviendas protegidas.

Se trata de suelo y residencias que solo podrán tener opción a desarrollarse y convertirse en realidad si el nuevo texto normativo confirma las expectativas generadas en los promotores privados. El secretario general de APECC, Carlos Gomis, se cuenta entre quienes apelan a la prudencia y a esperar a conocer la letra pequeña y a que, efectivamente, se valide el reglamento.

Entre las novedades relevantes se incluye la eliminación de los precios por zonas, que se prevé que sean comunes para el conjunto de la Comunitat Valenciana en ese techo mencionado de 2.200 euros por módulo. También se incorpora la directriz de que la VPP nunca supere el valor anual de la obra nueva en base a los indicadores del Colegio de Notarios.

Todo queda la espera, por tanto, de que la nueva norma se apruebe y de comprobar sobre el terreno la reacción del sector privado.

FUENTE: Periódico Mediterráneo de Castellón