Los constructores de Castelló mantienen su pulso con el Fadrell por el impuesto de plusvalía
Los constructores de Castelló persisten en su malestar ante la decisión del Ayuntamiento de la capital de la Plana de incrementar de forma exponencial los coeficientes y el tipo de gravamen del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanas -plusvalía- y no atender las alegaciones presentadas por la Asociación Provincia de Empresarios de la Construcción de Castellón (Apecc) a la nueva ordenanza fiscal que regula el impuesto en las que se solicitaba una reducción del tributo, sobre todo, en los primeros seis años.
El Ayuntamiento aprobó en el pleno del mes de junio la nueva ordenanza que para el secretario de la Apecc, Carlos Gomis, «establece un incremento desmesurado si se compara con el anterior texto normativo que regula el impuesto y afecta no sólo a las promociones nuevas de vivienda de los últimos tres años sino también a los particulares que tengan que realizar a partir de ahora una transmisión de vivienda». El representante de los constructores explica que los incrementos del impuesto alcanzan más del 300% en el primer año, más de 180% el segundo y casi 100% el tercero.
Un ejemplo práctico
Como ejemplo práctico, hay que señalar que con la antigua ordenanza en una promoción de 30 viviendas con un precio de 60.000 euros, el promotor pagaría 10.242 euros de plusvalía por la venta de los pisos durante el primer año, mientras que con el nuevo reglamento el pago alcanza los 49.140 euros, según explican desde el colectivo de constructores.
El coste del impuesto también sería mucho más elevado si la transmisión de la propiedad se llevase a cabo durante los primeros seis años, y también se encarecería a partir del año 16. La nueva ordenanza fiscal fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado día 12 de julio y en ella se desestimaban las alegaciones presentadas por la Apecc debido a que «no existían motivos de legalidad en estas alegaciones sino de oportunidad».
La asociación no reivindica la anulación del incremento del impuesto pero sí la revisión, ya que es consciente de que «no hay motivos de legalidad para aceptar las alegaciones y que el Ayuntamiento se ha basado en la normativa estatal para implementar los coeficientes y el tipo de gravamen, pero el consistorio se ha acogido a los porcentajes más altos para actualizar el valor de los terrenos y consideramos que se puede establecer un coeficiente reductor que pondere el grado de actualización del valor de los terrenos por transformación del suelo en viviendas», según Gomis. En este sentido, denuncian que «los costes de las construcciones ya comenzadas, y a futuro, tienen un coste adicional al previsto y que no pueden repercutir».
El secretario de la asociación de constructores ha explicado que tienen un compromiso del Ayuntamiento de participar en las reuniones de trabajo del negociado de Hacienda para exponer las peticiones del sector y establecer mecanismos para reducir la carga impositiva de la nueva ordenanza.
En el mismo pleno, el Ayuntamiento también desestimó la petición de la Apecc de revisar los valores catastrales, alegando el desfase de los precios del suelo, que datan de fechas ligadas a la época del boom inmobiliario.
