Los constructores piden precios más justos para relanzar la vivienda pública

La vivienda pública en Castellón sigue en estado crítico en la UCI pese a contar con suelo reservado, ahora bloqueado, para edificar al menos 29.000 pisos (tanto en parcela privada como en pública). En impulsar esta oferta tan necesaria para muchas familias de Castellón trabajan Generalitat y empresarios, que están abonando el camino con un nuevo reglamento para este 2022, al que los constructores de Castellón han presentado alegaciones que la Generalitat responderá en septiembre.
La patronal APECC considera que se deben contemplar precios y condiciones «más justas» que hagan rentable y asequible levantar nuevos bloques de viviendas de protección pública (VPP), conocidas como VPO, y atractivos al comprador, como la reducción del periodo de protección (para venta).
Precisamente días atrás, APECC transmitió su descontento con otra normativa y ha pedido modificar la nueva ordenanza municipal de Castelló por el aumento de la plusvalía. «Afecta a las promociones de viviendas iniciadas en los últimos dos o tres años y en comparación con la antigua es desmesurado y un coste sobrevenido para promotoras y particulares», critican. Los órganos de gobierno de la CEV Castellón se suman y piden a las Administraciones públicas la «imperiosa necesidad de adoptar definitivamente criterios de eficacia y eficiencia».
/ RESPUESTAS EN SEPTIEMBRE En cuanto al reglamento sobre las VPP, desde la Dirección General de Vivienda de la Vicepresidencia del Consell explican que «la información pública finalizó el 13 de julio y las alegaciones recibidas se están empezando a analizar». « No hay un plazo máximo para resolverlas, pero se intentará acabar esa fase en septiembre para enviar el texto a Abogacía lo antes posible. La previsión es aprobarlo antes de que acabe este 2022», señalan. ¿Qué previsión hay para Castellón en los primeros años de entrada en vigor? «Pues la actualización de la normativa al ciclo socioeconómico pretende ser un impulso para reactivar la promoción de vivienda protegida en la Comunitat. Sobre todo en las áreas que la Conselleria tiene catalogadas de alta o media necesidad de vivienda (ANHA). No obstante, nos encontramos en un momento de incertidumbre global en el que se está experimentando un incremento importante de los costes de construcción, lo que hace difícil realizar previsiones», indican desde Vivienda. La Vall d'Uixó, Burriana, Benicarló, Moncofa, Nules, Castelló, Vinaròs, Vila-real y Alcudia de Veo tienen urgencia alta.
Castellón es la nº 1 de la Comunitat en techo para edificar
Por su / parte, el coordinador de APECC, David Ruiz, explica que «el nuevo texto incrementa el precio máximo de venta a 2.200 m2 útil. Si se traslada a m2 construido (que incluye los costes de edificar), sale un límite de 1.584 euros m2. Pero además, en cada municipio o zona el precio es distinto y el de la VPP no puede ser superior a la vivienda libre, tomando como referencia un anexo --gráfico--». «Pero el problema es que se fija en base a promedios del Catastro con valores de transacciones inmobiliarias, la mayoría de segunda mano y antiguas --con precios bajos--, que no sirven de referencia para una vivienda nueva», concreta.
En opinión de Ruiz, «no es razonable vender vivienda libre y protegida al mismo precio». «Pedimos que el precio de 2.200 m2 útiles sea un límite máximo definitivo y no condicionado a cada zona. Será el propio mercado el que fije a qué precio vender», expone.
«El precio actual del módulo en Castellón tiene que absorber dos sobrecostes: el de las materias primas y el de las exigencias de aumento de calidad, que viene imponiendo el Código Técnico», puntualiza el castellonense. El segundo punto que esgrime APECC es
El techo marca la edificabilidad, ▶ las alturas autorizadas a construir en bloques de viviendas. Una parcela de 100 m2 con 300 de techo implica tres plantas. Según un informe de la Conselleria, la provincia de Castellón tiene una disponibilidad de techo para VPP en parcela privada respecto a la población municipal de 3,43 m2/habitante (2,26 Alicante y 1,65 Valencia). Y en pública, Castellón 1,45, Alicante 0,98 y Valencia 0,78. que «en la medida que la VPP no tiene ayudas económicas para el comprador hoy por hoy --a diferencia de años atrás, que recibía ayudas en la entrada para adquirir una vivienda--, no tiene sentido que, además del derecho de tanteo y retracto de la Generalitat, el régimen de protección sea de por vida». «Pedimos un límite temporal de 15 ó 20 años como en los planes anteriores, de forma que el comprador de una VPP, después, no tenga restricciones para venderla, ni a quién ni a qué precio», indica Ruiz. En el sector castellonense afirman que sí tienen interés en llevar adelante proyectos de edificación de nueva VPP, pero con matices: «Solo hay que ver las estadísticas de licencias entre 1992 y 2012, cuando los planes de vivienda recogían esta figura y la potenciaban. Si el marco normativo y los precios son adecuados, se podrá sacar adelante. Pero si no, quedará fuera todo el suelo destinado para VPP de Castellón».

FUENTE: Periódico Mediterráneo de Castellón