La crisis que implican las dificultades para acceder a una vivienda, un derecho fundamental, es un hecho en Castellón, en la Comunitat y en el resto del Estado, en un momento en el que los precios de los alquileres escalan mientras los salarios se quedan atrás en un contexto en el que la estabilización de la inflación no compensa todavía el crecimiento desaforado que han sufrido los precios, es decir, el coste de la vida.

Una de las salidas más claras para paliar el problema, especialmente para los jóvenes, con graves dificultades para poder emanciparse, y para los ciudadanos más vulnerables, es la edificación de viviendas de protección pública que puedan ofrecer con la ayuda de las administraciones costes asumibles desde el punto de vista de la compra pero, sobre todo, para su salida al mercado con la fórmula del arrendamiento.

En este sentido, el análisis de los datos históricos que difunde el Ministerio de Vivienda ofrecen un panorama más que desalentador. En la última década se ha producido lo que puede considerarse en la práctica desaparición de la promoción de viviendas de protección pública, conocida antes como VPO y ahora VPP, en la provincia de Castellón.

Si en lo que llevamos de año, apenas se han concedido calificaciones provisionales para 26 casas protegidas (la promoción de Jesús Ger en el PAU Lledó como publicó este diario), en 2023 el total fue cero, al igual que en 2016 y 2015, con un total de unidades de calificaciones definitivas en una década de apenas 224.

Es una cifra mínima, teniendo en cuenta que con los planes de vivienda de finales del siglo pasado y sus condiciones de respaldo público a la promoción privada protegida por el Estado, Castellón llegó al máximo desde que hay registros de 1.899 VPO en el año 1997.

La decadencia del modelo fue progresiva a partir de ese momento y, al llegar a 2012, hace 12 años se alcanzó por última vez una cifra a tres dígitos de construcción de viviendas protegidas en el territorio, con un total de apenas 144.

Desde entonces, la evolución es casi de desierto, con promociones puntuales que, ni de lejos, atienden a la necesidad de una sociedad en la que la población crece, sobre todo en virtud de la llegada de ciudadanos de otros países que cubren, además, parte de las necesidades de mano de obra de los sectores productivos de Castellón.

El plan para crear 10.000 VPP presentado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de acuerdos con los ayuntamientos para que estos cedan suelo público ha contado con un éxito muy limitado hasta el momento ya que, como ha señalado desde la patronal que agrupa a las constructoras castellonenses (APECC) Carlos Gomis, las condiciones no permiten rentabilidad a la iniciativa privada, por lo que se convierte en «inviable» abordar proyectos de este tipo salvo desde el sector público.

Nuevas normas

Con estas premisas, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó ayer la apertura del plazo oficial para presentar alegaciones al esperado reglamento que define las nuevas reglas del juego para abordar la construcción de nuevas viviendas de protección pública, norma presentada por Mazón la pasada semana y a la que pueden plantearse peticiones de modificación hasta el próximo día 25 de este mes.

En este sentido, Carlos Gomis señaló que APECC ha iniciado el estudio de las condiciones que plantea el reglamento para construir VPP para poder valorar su contenido y, en su caso, presentar las alegaciones que los constructores de la provincia de Castellón consideren necesarias.

Entre las claves del texto anunciadas por el president de la Generalitat se hallan creación de una nueva tipología de vivienda social destinada a jóvenes y familias monoparentales, el aumento del precio máximo de módulo hasta los 2.400 euros/m2, el cambio de los niveles de protección (entre los 15 y los 30 años), la reducción de la burocracia, y la flexibilización de los requisitos para acceder a un piso social, siempre según los argumentos que planteó Carlos Mazón al presentar la normativa.