Los altos tipos de interés, los sueldos bajos, precios elevados, falta de oferta asequible... son cuestiones de las que viene dando cuenta el diario Mediterráneo y que ponen contra las cuerdas a quien necesita una vivienda en Castellón.
La abundante demanda ha contribuido, y aún lo hace, a elevar el coste del alquiler hasta niveles que se acercan en la provincia a una media que roza los 600 euros mensuales, inasumible para un hogar con un sueldo equiparable al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), poco más de 1.000 euros brutos, mientras el precio actual del dinero frena las opciones para la compra de vivienda.
En el caso concreto de los colectivos más vulnerables, que ni siquiera alcanzan los ingresos que implica el SMI, el acceso a un techo se complica enormemente.
Esta situación se produce, además, cuando la crisis de la industria del clúster cerámico castellonense, que genera uno de cada tres empleos en este territorio, es causa de que más ciudadanos queden en el paro o reduzcan su poder adquisitivo, sin que haya expectativas de una recuperación clara en un horizonte inmediato.
Así las cosas, mientras que la construcción de obra nueva libre avanza a mejor ritmo que en momentos precedentes, la edificación de viviendas protegidas, antes conocidas como VPO y ahora por las siglas VPP, está bloqueada hasta el punto de que se ha reducido a cero en el último año. Al menos en los primeros nueve meses del ejercicio, los últimos que han sido publicados por las estadísticas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
PROBLEMA HISTÓRICO Esa inexistencia en 2023 de promociones protegidas por las administraciones públicas en el sentido de convertirlas en más asequibles, es decir, baratas, y con apoyo para constructores y compradores, es como lluvia sobre mojado.
Una mirada al histórico de los datos oficiales revela que en todo el año 2022 el número de VPP edificadas se quedó en cuatro viviendas y el total en la última década, desde 2014 (último que figura las estadísticas del ministerio), alcanza la insuficiente cifra de 210.
Lejos quedan, por tanto, situaciones como la registrada en 1995, con planes de vivienda vigentes que incluían beneficios fiscales y financiación bonificada para la compra, lo que hizo que se construyeran en la provincia 2.011 pisos protegidos ese año.
En estos momentos, el contexto ha variado de forma notable. Después de que el Consell del Botànic aprobara en su último pleno, en mayo de 2023, un nuevo decreto de vivienda que cumplió con una de las reivindicaciones de las empresas constructoras, elevar hasta 2.200 euros por metro cuadrado útil el máximo permitido, llegaron las elecciones autonómicas y el cambio de gobierno ha necesitado meses para comenzar a trabajar en el desarrollo del reglamento y los ajustes que el sector demanda para estar en condiciones de edificar VPP.
El president del Consell, Carlos Mazón, se ha reafirmado en el comienzo de 2024, como informó este diario, en su voluntad de ejecutar una de sus promesas electorales, la construcción de 10.000 viviendas públicas en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
LOS AYUNTAMIENTOS Para lograrlo, Mazón ha solicitado a los ayuntamientos valencianos la cesión de suelo como un elemento indispensable, a lo que los principales alcaldes castellonenses respondieron a preguntas de este periódico manifestando que se encuentran a la espera de conocer los detalles de cómo se ejecutaría la citada iniciativa en suelo municipal.
Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, dijo que ven «buena disposición en la Administración autonómica» para abordar los cambios, fundamentalmente normativos, que son necesarios para que la edificación de vivienda protegida resulte viable para los promotores del sector, aunque teme que «tarden años».
LAS NECESIDADES Según Ruiz, el / techo de 2.200 euros por metro cuadrado útil aplicables en Castellón ya incluye la escalada de costes que, explicó, «no continúa, se ha estabilizado, pero sin mostrar descensos», de manera que, por este lado, no harían falta cambios.
«Con la subida del módulo ya se podría construir VPP tanto desde un punto de vista técnico como económico», indicó. Sin embargo, el presidente de la patronal Apecc, para que se mueva este mercado «hay que cambiar muchas normas que faciliten la construcción de viviendas protegidas».
Para empezar, puso de manifiesto David Ruiz, es imprescindible que las administraciones públicas habiliten suelo, ya que son los principales tenedores de los solares. Igualmente, el también constructor indicó que es necesario que haya complementos públicos a la financiación privada para personas con capacidad de pago, pero sin el ahorro preciso.